El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, visitó el sábado la ciudad de Artigas para recorrer centros de rehabilitación, mantener reuniones políticas y analizar el sistema penal uruguayo. Durante su estadía, elogió el trabajo en los dispositivos sociales locales y reclamó severidad ante cualquier caso de corrupción.
El pasado sábado, el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Díaz, cumplió una doble agenda institucional y político-partidaria en el departamento de Artigas. La visita incluyó recorridas por los centros de tratamiento de uso problemático de drogas Ciudadela y Casa Abierta, reuniones en un local del Frente Amplio y una entrevista solicitada por el sindicato policial.
En el ámbito social, el jerarca valoró el profundo compromiso de los trabajadores de los centros de rehabilitación, quienes operan frecuentemente con escasos recursos. Como ejemplo, relató que ante la interrupción de partidas estatales para la elaboración de pan, un grupo de internos logró construir una amasadora mecánica utilizando chatarra y un taladro. Díaz calificó el hecho como una respuesta de ingenio frente a un Estado que, en ese aspecto, no cumplió con sus obligaciones.
Al ser consultado sobre demoras en investigaciones de Fiscalía y presuntas irregularidades vinculadas a la Intendencia de Artigas, el ex fiscal general evitó pronunciarse. Argumentó que desconoce los detalles técnicos de dichos expedientes —cuyos pormenores aún no están confirmados oficialmente para él— y subrayó que su actual cargo en Presidencia le exige prudencia frente a los asuntos internos de la Justicia. Sin embargo, enfatizó de forma categórica que cualquier delito de corrupción, sin importar la administración involucrada, debe ser investigado y sancionado con la máxima severidad.
En un análisis más amplio sobre la realidad jurídica del país, Díaz calificó al derecho penal actual como «altamente selectivo», afirmando que en los hechos existe una «justicia para pobres y una justicia para ricos». Para mitigar esta disparidad, remarcó la necesidad de dotar al país de una defensa pública más potente y reiteró la urgencia de actualizar el viejo Código Penal uruguayo, que data de 1933.
Finalmente, respecto a la aplicación de juicios abreviados en casos de corrupción, recordó que el Parlamento tiene a estudio un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Dicha iniciativa legal propone mantener este mecanismo adversarial, pero incorporando correcciones para otorgarle mayores potestades de control a los jueces durante el proceso.
