La Corte Internacional de Justicia dictaminó que el derecho de huelga está amparado por el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, una resolución no vinculante alineada con la postura de Uruguay y celebrada por el PIT-CNT.
Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano jurídico dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dictaminó que el derecho de huelga de los trabajadores y sindicatos está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La decisión responde a una solicitud de la propia OIT ante un desacuerdo persistente entre gobiernos, trabajadores y empleadores sobre si este derecho deriva o no de la libertad sindical.
El fallo, que no tiene carácter vinculante, se emitió luego de una serie de audiencias de consulta que finalizaron el año pasado. Uruguay participó en este proceso a través de su representante permanente ante la ONU y los Organismos Especializados en Ginebra, Alejandra de Bellis, quien brindó una opinión coincidente con el dictamen. La diplomática afirmó que existe una interdependencia natural e inseparable entre la organización sindical, la negociación colectiva y la acción de huelga.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT difundió un comunicado este jueves por la tarde donde expresó su satisfacción y calificó el dictamen como una «victoria histórica». Desde la central sindical local destacaron que la huelga es una herramienta democrática fundamental de la clase trabajadora y que el fallo de la CIJ confirma la solidez de la posición sostenida históricamente por el movimiento obrero, respaldando a la vez el papel de los órganos de control de la OIT.
Asimismo, la central sindical saludó las contribuciones del gobierno uruguayo durante el proceso de consultas, evaluando que estuvieron en consonancia con la tradición democrática, laboral y constitucional del país, donde la Constitución reconoce expresamente la huelga como un derecho gremial. Desde el PIT-CNT contrastaron la postura local con la del sector empresarial internacional, que cuestionó el alcance del convenio durante años, y señalaron que el fallo permitirá zanjar el diferendo en favor de una interpretación protectora.
