Un hombre de 51 años fue condenado en Bella Unión por un delito de lesiones graves, tras una denuncia presentada en setiembre. La sentencia establece 20 meses de prisión, sustituibles por libertad a prueba con varias obligaciones.
La Seccional Séptima de Bella Unión informó que el caso se remonta al 27 de setiembre de este año, cuando un hombre denunció haber sido agredido por otro individuo, lo que le provocó lesiones de entidad. A partir de la denuncia, la Policía inició de inmediato un trabajo de reconstrucción de los hechos, que incluyó el análisis detallado de registros fílmicos y la recopilación de testimonios e información relevante.
Gracias al rastreo de las cámaras y al trabajo coordinado entre las unidades policiales, se logró esclarecer con rapidez cómo se produjo la agresión y quién era el responsable. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía avanzó en la formalización del caso y lo elevó a la Justicia.
En la jornada de ayer, la Jueza Letrada de Bella Unión dictó sentencia y dispuso la condena de un hombre de 51 años como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves. La pena fijada fue de veinte meses de prisión, la cual deberá cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba.
El condenado tendrá que acatar una serie de obligaciones impuestas por la magistrada, que incluyen medidas de supervisión, restricciones y tareas orientadas al cumplimiento efectivo de la pena en el marco establecido.
Con esta resolución, la Justicia dio por cerrado el caso, destacando el aporte de los registros fílmicos y la rápida actuación policial que permitió esclarecer el hecho. Desde la Seccional Séptima se reiteró la importancia de realizar denuncias inmediatas para facilitar las investigaciones y prevenir nuevas agresiones.
Una funcionaria de un estudio contable fue condenada a 24 meses de prisión —seis de ellos de cumplimiento efectivo— tras desviarse más de $550.000 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales y de familiares. También fue imputada por falsificación de documentos y estafa continuada. Su pareja recuperó la libertad.
La investigación comenzó el 9 de octubre, cuando Fiscalía recibió una denuncia por estafa que señalaba posibles desvíos de fondos desde cuentas vinculadas a instituciones públicas. Personal de la Dirección de Investigaciones de Zona II inició de inmediato diversas actuaciones, logrando determinar que una funcionaria de un estudio contable habría desviado un total de 550.789 pesos uruguayos.
Según la información relevada, la mujer tenía acceso a las cuentas por motivos laborales y aprovechó esa posición para realizar transferencias hacia cuentas propias y de familiares. Al ser indagada por disposición fiscal, admitió —aunque de forma evasiva— haber realizado parte de las operaciones irregulares. Su pareja también fue interrogada.
Ambos fueron emplazados a comparecer nuevamente ante Fiscalía, pero incumplieron la citación. Ante esta situación, la Sede Fiscal libró la orden de detención, que fue ejecutada días después, quedando la mujer y su pareja detenidos e ingresados a una unidad policial.
Una vez culminada la audiencia judicial, el Juez Letrado de Bella Unión dispuso la condena de la mujer, de 29 años, como autora de un delito de hurto, un delito de falsificación o alteración de un documento privado y un delito continuado de estafa, todos en régimen de reiteración real. La pena impuesta fue de 24 meses de prisión: los primeros seis de cumplimiento efectivo.
Tras recuperar la libertad, la condenada deberá permanecer en su domicilio las 24 horas del día, controlada mediante dispositivo electrónico, mientras que el resto de la pena se cumplirá bajo medidas sustitutivas determinadas por la Justicia.
En cuanto al hombre involucrado, el magistrado ordenó su cese de detención.
Un hombre de 32 años fue víctima de una estafa que alcanzó los 79.000 pesos, tras realizar depósitos a supuestos vendedores de vehículos radicados en Montevideo. La Policía investiga el caso y la Fiscalía derivó las actuaciones a Delitos Complejos.
La Seccional Séptima de Bella Unión investiga una denuncia presentada por un hombre de 32 años, quien informó haber sido engañado por individuos que se hacían pasar por vendedores de automóviles de la capital. Según su relato, el contacto se inició mediante redes sociales, donde los estafadores ofrecían un vehículo a un precio aparentemente conveniente.
Los supuestos vendedores solicitaron dos depósitos a través de una red de cobranzas, argumentando que eran necesarios para “reservar el automóvil” y cubrir los gastos iniciales del seguro. Confiado en la operación, la víctima realizó ambos pagos, que en conjunto suman 79.000 pesos uruguayos.
Sin embargo, la situación cambió cuando los involucrados pidieron un nuevo monto adicional. Ante la negativa del comprador, los estafadores bloquearon toda vía de comunicación, impidiendo cualquier intento de recuperar el dinero o concretar la transacción.
Policía Científica realizó el relevamiento del material aportado por la víctima, incluyendo comprobantes y capturas de los intercambios. Por disposición de la Fiscalía, las actuaciones pasaron al Departamento de Delitos Complejos para continuar con la investigación y determinar la identidad de los responsables.
El caso se suma a una creciente modalidad de estafas vinculadas a la compra de vehículos por internet, por lo que las autoridades reiteran la importancia de verificar la legitimidad de los vendedores y evitar transferencias previas sin garantías claras. La investigación continúa para esclarecer los hechos y ubicar a los involucrados.
Un hombre uruguayo de 57 años fue detenido en la madrugada de este jueves cuando transportaba 10 mil mazos de cigarrillos paraguayos. La incautación se realizó en un control de la Policía Rodoviaria Federal sobre la ruta BR-287, próximo a la ciudad de Santiago. La carga tenía como destino Quaraí y Artigas.
La Policía Rodoviaria Federal (PRF) realizaba un operativo de combate al contrabando y otros delitos cuando ordenó detener la marcha de un Ford Focus que circulaba con un peso inusualmente elevado. El control, efectuado en la BR-287 cerca de Santiago, despertó sospechas al notar los agentes que el vehículo parecía transportar una carga considerable.
Durante la inspección, los policías encontraron 20 cajas repletas de cigarrillos de origen extranjero, provenientes de Paraguay, que totalizaban 10 mil mazos introducidos ilegalmente al país. El conductor, un ciudadano uruguayo de 57 años, reconoció que la mercadería era suya y que la había cargado en las inmediaciones de São Luiz Gonzaga.
Según declaró, el contrabando tenía dos destinos previstos: las ciudades de Quaraí y Artigas, puntos cercanos a la frontera donde el movimiento de productos ilícitos suele intensificarse debido al flujo comercial y la vasta red de caminos secundarios.
La PRF informó además que esta es la tercera vez que el individuo es detenido por la misma práctica, lo que confirma su reiterada participación en el transporte de mercadería ilegal.
El hombre fue trasladado a la policía judiciaria de São Borja junto con el vehículo y la carga incautada, quedando a disposición de la Justicia brasileña. Desde la PRF aseguraron que continuarán fortaleciendo los controles sobre las rutas fronterizas para desarticular el contrabando y reducir su impacto en la economía regional.
El presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión (AEMBU), Marcelo Dacol, calificó como “positiva” la reunión mantenida con el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla. El sindicato planteó un convenio salarial inédito, ajustes por IPC semestrales, recuperación del salario real y mejoras en antigüedad y presentismo. También reclamó avances en las investigaciones por presuntas irregularidades en Bella Unión.
Ayer, una delegación de AEMBU integrada por su presidente, Marcelo Dacol, el vicepresidente, el secretario y la delegada Carmen Lunes, fue recibida por el intendente Emiliano Soravilla para avanzar en la negociación del primer convenio salarial integral del departamento.
Dacol explicó en Digamos lo que Pasa de Radio La Voz de Artigas que el acuerdo, de concretarse, “será inédito en Artigas”, ya que incluiría en un solo instrumento todos los beneficios existentes y ampliaría otros, como la antigüedad y el presentismo. También se analiza incorporar alimentación como partida complementaria: “No suma para aportes, pero suma para la olla”, dijo el dirigente, destacando que el sistema favorece tanto al trabajador como al comercio local.
El presidente de AEMBU indicó que el intendente se mostró “receptivo” y que esperan cerrar el convenio antes de fin de año, dado que debe quedar incorporado en el presupuesto departamental. Entre los puntos centrales, el sindicato propuso ajustes por IPC cada seis meses, aumento salarial real durante el quinquenio y recuperar progresivamente la pérdida de salario acumulada.
En cuanto a la recuperación salarial, AEMBU plantea duplicar la facultad histórica del 2% anual, para llegar a un 20% de aumento real al cierre de 2030. “Queremos que quede establecido y no solo como una potestad del intendente”, aclaró Dacol.
Otro de los temas abordados fue la presupuestación. Según Dacol, Soravilla se comprometió a emitir en diciembre la resolución que conformará la Junta Calificadora. El sindicato pidió evitar los errores cometidos en administraciones anteriores y garantizar primero ascensos y luego ingresos para cubrir vacantes. También insistió en crear un tercer escalón de antigüedad para funcionarios con más de 30 años de servicio.
En paralelo, AEMBU reclamó la regulación del área de choferes y maquinistas, quienes hoy dependen de una resolución que podría ser modificada por cualquier gobierno. El intendente, aseguró Dacol, consideró viable firmar un convenio específico para esa rama junto al acuerdo salarial.
Respecto al pago de viáticos, el dirigente informó que se enteraron en la reunión de que los valores habían sido actualizados y cambiaba la modalidad de pago para las salidas fuera del departamento, ahora mediante partidas a rendir. Un viático sin pernocte quedó en 685 pesos y con pernocte en 1.680.
El sindicato también volvió a poner sobre la mesa las denuncias por presuntas irregularidades en Bella Unión. Dacol informó que la comisión investigadora revisó licencias de conducir retenidas y constató que una de ellas fue entregada indebidamente por la alcaldesa mientras la pesquisa estaba en curso. “Es un gesto déspota y tendrá consecuencias”, afirmó. AEMBU insistió en que las irregularidades en Tránsito deben enviarse a la Justicia y que todos los funcionarios involucrados deben ser tratados de la misma manera, sin excepciones.
Finalmente, Dacol señaló que el intendente abrió la puerta a retomar en enero el análisis de los casos de funcionarios cesados, tema que hasta ahora estaba cerrado para la administración.
El dirigente sindical consideró que la reunión dejó “una luz al fondo del túnel” en varios frentes y que en las próximas semanas continuarán las negociaciones. “Ojalá este convenio tan anhelado por los trabajadores se concrete”, dijo, reafirmando la disposición de AEMBU a seguir trabajando en conjunto con la intendencia.
Un joven de 23 años fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por el hurto de una motocicleta denunciado en julio de este año. El rodado había sido recuperado tras un patrullaje de la Guardia Republicana.
El caso se originó el 29 de julio de 2025, cuando se denunció el hurto de una motocicleta en Bella Unión. Durante un patrullaje preventivo, efectivos de la Guardia Republicana interceptaron a un individuo que circulaba en un bi-rodado cuyo número identificatorio estaba limado, una señal habitual en vehículos hurtados o adulterados.
El hombre fue trasladado a la Seccional Séptima, donde durante las indagatorias admitió haber adquirido la moto a un tercero. En ese momento, la Fiscalía dispuso su emplazamiento sin fecha y autorización para retirarse, mientras se llevaban adelante las pericias técnicas del vehículo.
Dichas pericias confirmaron posteriormente que la moto era efectivamente la denunciada como hurtada. La víctima reconoció el rodado y le fue devuelto de inmediato.
Con esta evidencia, durante un nuevo patrullaje preventivo la Policía logró ubicar nuevamente al individuo, procediendo a su detención y puesta a disposición de la Fiscalía y del Juzgado Letrado de Bella Unión.
En la audiencia realizada en las últimas horas, la jueza actuante dispuso la condena de F.E.D.D., de 23 años y con antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de hurto. La pena fijada fue de cuatro meses de prisión efectiva.
La recuperación del vehículo y la respuesta judicial cierran un caso que se extendió varios meses y que volvió a poner en foco la importancia de los patrullajes preventivos en la zona norte del departamento. Las autoridades destacaron el trabajo coordinado que permitió esclarecer el hecho y devolver la moto a su propietario.
El hecho fue reportado en la Seccional 7ª de Bella Unión, donde la víctima informó que, al ingresar a la aplicación de su entidad financiera, detectó que su saldo era inferior al que debía figurar. Ante la irregularidad, acudió a una sucursal para realizar la consulta.
Allí le confirmaron que en su cuenta se habían registrado movimientos que ella no había autorizado, lo que encendió las alarmas sobre un posible fraude informático. La mujer, sorprendida por la situación, radicó la denuncia inmediatamente.
La Fiscalía dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor, mientras que Policía Científica comenzó a trabajar en el análisis de la información disponible. El caso fue derivado al Departamento de Delitos Complejos, que tendrá a su cargo la investigación para determinar cómo se produjo el acceso indebido y quiénes serían los responsables.
Las autoridades recuerdan la importancia de monitorear con frecuencia las cuentas bancarias y reforzar las medidas de seguridad digital, en un contexto donde este tipo de maniobras fraudulentas viene registrando un aumento sostenido.
El ramal que une la Ruta 3 con la Ruta 30, a la altura de Tomás Gomensoro, presenta un severo deterioro. El desprendimiento de la carpeta asfáltica provoca roturas de vehículos y aumenta el riesgo de accidentes. Autoridades departamentales reclaman respuestas al MTOP.
El mal estado del ramal que conecta Ruta 3 con Ruta 30 por Tomás Gomensoro se ha transformado en una preocupación creciente para vecinos y conductores. El desprendimiento de la capa asfáltica, la presencia de baches profundos y cortes en las cubiertas de los autos han convertido el trayecto en una zona peligrosa, donde cualquier maniobra puede terminar en un siniestro.
El edil nacionalista Luis Ceriani advirtió por primera vez esta situación el 6 de marzo de 2025 en la sesión de la Junta Departamental de Artigas, señalando el “rápido deterioro” del tramo entre Gomensoro y Zanja Honda, y solicitó que el problema fuera comunicado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
El 22 de mayo, Ceriani reiteró su denuncia ante la Junta Departamental, recordando que la carpeta asfáltica —colocada hacía apenas seis meses, durante el período de gobierno de Luis Lacalle Pou— ya mostraba “múltiples roturas y parches”, calificando la obra como “de pésima calidad”. Nuevamente pidió que sus palabras fueran remitidas al MTOP.
En setiembre, el Ministerio encabaezado por Lucías Ectehevrrty ya en el gobierno de Yamandú Orsi presentó en el Parlamento su plan de inversiones viales para el período, que incluye una inversión total de US$ 2.093 millones y prevé la rehabilitación de más de 2.000 kilómetros en todo el país. Entre las obras prioritarias para Artigas, el documento contempla la intervención del ramal de Ruta 3 hacia Ruta 30 por Tomás Gomensoro.
Mientras se aguarda el inicio de las obras anunciadas, vecinos y autoridades locales insisten en la urgencia de actuar. El estado actual del ramal no solo afecta la circulación cotidiana, sino que representa un riesgo latente para quienes transitan una ruta indispensable para la zona productiva del norte.
La Escuela Nº 20 de Cuareim, en Bella Unión, será sede este martes de una inédita jornada de integración binacional. Estudiantes de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay se reunirán por primera vez en un intercambio presencial que busca fortalecer la identidad cultural y educativa de la frontera.
El maestro director de la Escuela Nº 20, Cristopher Lee, explicó que la actividad se enmarca en el proyecto Escuelas Interculturales de Frontera, impulsado por ANEP y acompañado por la inspección departamental y un equipo técnico especializado. “Diseñamos y planificamos un proyecto que nos permitió iniciar un intercambio sostenido con escuelas de la Barra do Quaraí”, señaló.
Lee recordó que se trata de una propuesta que involucra a centros de Rivera, Artigas, Bella Unión y Salto, así como a instituciones de Brasil, Argentina y Paraguay. “Es la primera vez que los estudiantes se encontrarán presencialmente, pese a que entre una escuela y otra hay apenas cinco minutos en auto”, destacó.
La Escuela Nº 20 cuenta hoy con una matrícula de 171 alumnos, una población fluctuante por la zafra y las dinámicas laborales de la zona. Además, recibe a niñas y niños brasileños cuya lengua materna es el portugués, lo que exige un trabajo pedagógico coordinado. “La frontera tiene una riqueza lingüística enorme y debemos acompañar esos procesos con respeto y profesionalismo”, sostuvo el director.
El evento se realizará este martes 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana, con la presencia de autoridades de primaria y referentes locales. La comunidad podrá apreciar el trabajo conjunto de docentes, estudiantes y familias. “La educación está dolida, pero también debemos mostrar que en el norte hay un gran equipo apostando a aprendizajes de calidad”, afirmó Lee.
La jornada buscará reforzar los lazos culturales, lingüísticos y educativos de la región, reivindicando la identidad fronteriza como un valor a preservar. “Tenemos que abrir caminos y brindar oportunidades para que cada estudiante pueda escribir su propia historia”, concluyó el director.
Una histórica disputa por 237 km² en la frontera entre Artigas y Santana do Livramento, donde Brasil construyó una usina eólica, reaviva la tensión diplomática entre Uruguay y el gigante norteño.
La diplomacia uruguaya y brasileña se encuentran nuevamente abocadas a la mesa de negociaciones por una antigua disputa territorial que involucra a una porción de 237 kilómetros cuadrados conocida como el Rincón de Artigas. Este territorio, ubicado actualmente en Santana do Livramento, Brasil, pero reclamado por Uruguay, ha cobrado relevancia tras la reciente construcción de una usina eólica por parte de Eletrobras, con una inversión de aproximadamente 2 billones de reales y capacidad para abastecer a un millón y medio de habitantes.
La discusión sobre la soberanía de esta área, señalada en Google Maps con una línea punteada que indica zonas con disputas fronterizas no concluidas, no es nueva. Se remonta a 1988, cuando las cancillerías de ambos países comenzaron las conversaciones. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay reavivó el debate a principios de este mes con la emisión de una nota oficial.
Desde Itamaraty, el Palacio de Itamaraty, la sede de la diplomacia brasileña, se busca resolver la situación por la vía diplomática, apelando al «buen relacionamiento de años entre los dos países». No obstante, Brasil ha dejado en claro su postura de no ceder el territorio.
El argumento uruguayo se basa en la premisa de que los límites entre ambos países fueron trazados erróneamente hace más de cien años. Uruguay sostiene que el área en disputa le pertenece y busca reabrir la discusión de un tratado que, según afirman, fue cancelado en su momento por políticos brasileños influyentes.
La presencia de la moderna usina eólica en el centro de la controversia agrega una nueva capa de complejidad a esta «novela de la diplomacia», como fue calificada por un corresponsal de CNN Brasil. La comunidad internacional sigue de cerca este diferendo que pone de manifiesto la sensibilidad de las cuestiones limítrofes, incluso en una región históricamente unida por lazos culturales y económicos, como lo demuestra la «frontera seca» entre Rivera y Santana do Livramento.
