El intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, brindó explicaciones este lunes tras la polémica generada por la no renovación de 51 contratos de funcionarios municipales. La medida, que ha generado malestar en el gremio de AEMBU y motivó una asamblea permanente, fue defendida por Soravilla como una práctica habitual al inicio de cada período de gobierno, amparada en la ley.
En declaraciones a la prensa, el intendente Soravilla se refirió a la situación actual de la Intendencia, que cuenta con 1573 funcionarios, de los cuales 270 son presupuestados y 1303 son contratados. Según explicó, estos últimos son designados directamente por el intendente de turno, sin concurso ni sorteo. «Cuando se asume un nuevo gobierno, el intendente que asume tiene que tomar la determinación si mantiene o renueva los contratos de esos funcionarios o no los renueva», afirmó Soravilla, indicando que de los 1303 contratos existentes, se decidió no renovar 51. De estos, alrededor de 40 corresponden a Bella Unión, 6 a Artigas y 3 a Baltasar Brum, con listados proporcionados por la nueva alcaldesa en el caso de Bella Unión.
El intendente enfatizó que la decisión se basa en la facultad legal de la administración de rescindir unilateralmente los contratos, que no tienen un plazo definido. «No requiere un argumento ni un criterio. Es la decisión del Intendente de no renovar los contratos», sentenció Soravilla, descartando que los ceses se deban a un mal desempeño en el gobierno anterior o falta de apoyo político. Además, aseguró que, por el momento, no hay planes de continuar con más no renovaciones de contratos, buscando transmitir tranquilidad a los demás funcionarios.
Soravilla también anunció que concurrirá a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental este miércoles, donde él y su equipo brindarán las explicaciones correspondientes. Consultado sobre la situación de funcionarios investigados por irregularidades en horas extras, el intendente informó que aún no cuenta con los resultados de la investigación administrativa, que se espera en los próximos días. Una vez los tenga, aseguró que se tomarán las medidas que jurídicamente correspondan.
Finalmente, al abordar la designación de la Secretaria General, quien tiene una condena cumplida, Soravilla defendió su decisión, argumentando que la funcionaria tiene plenos derechos habilitados para ejercer cargos públicos y que él, como intendente, tiene la potestad de designar a personas de su confianza. «Decidí ponerla acá», afirmó, añadiendo que será juzgado al final de su mandato por las decisiones tomadas.
