… «el agua no se privatiza en términos jurídicos —la Constitución lo prohíbe— pero sí en términos prácticos.» Entre denuncias de organizaciones ambientales, tensiones políticas y desafíos institucionales, el país se enfrenta a la necesidad perentoria de definir el rumbo de su soberanía hídrica para las próximas décadas.
A pesar de ser uno de los países con mayores reservas de agua dulce de Sudamérica, Uruguay atraviesa una tensión creciente entre cambio climático, contaminación, monocultivos industriales, desvíos de cauces y un modelo productivo intensivo que presiona sobre ríos, arroyos y embalses.
Uruguay ha construido durante décadas la idea de un país “rico en agua”, bendecido por ríos, arroyos, cuencas, lagunas y uno de los acuíferos más importantes del hemisferio sur. Esa narrativa, celebrada en informes internacionales y usada como argumento de estabilidad ambiental, está hoy bajo una presión sin precedentes.
La suma de eventos climáticos extremos, expansión de monocultivos forestales, mega infraestructuras privadas de riego, contaminación crónica de cuencas y una fiscalización estatal insuficiente ha conducido a un escenario en el que la disponibilidad, calidad y control del agua se juegan no solo en los laboratorios y los despachos técnicos, sino también en el terreno político, económico y social.
Uruguay, históricamente seguro de sus reservas, se enfrenta a una pregunta que hace apenas una década parecía impensable: ¿Quién controla realmente el agua, quién se beneficia y quién queda expuesto?
Un país hídrico bajo tensión
Sequía prolongada y vulnerabilidad climática
La sequía 2022-2023 marcó un antes y un después. No solo dejó a Paso Severino al borde del agotamiento y forzó a OSE a mezclar agua salobre del Río de la Plata —elevando los niveles de sodio y cloruros en el suministro del área metropolitana— sino que dejó al descubierto una fragilidad estructural: el país depende, más de lo que admite, de pocos embalses clave y de pocas conexiones críticas entre cuencas.
Los informes técnicos de los organismos estatales señalaron un descenso sostenido en las precipitaciones y un cambio en el régimen estacional: lluvias concentradas, inviernos más secos y veranos más agresivos. Esto no solo afecta al consumo humano, sino también al riego, la ganadería, la producción agrícola y la generación eléctrica.
El mito de la abundancia
Mientras Uruguay continúa proyectando al exterior la imagen de país verde, los especialistas advierten que la disponibilidad hídrica es cada vez más desigual.
El norte del país —particularmente Artigas y Rivera— se ha visto sometido a ciclos de déficit severo, mientras que el sur y sureste enfrentan problemas crecientes de eutrofización, floraciones de cianobacterias y contaminación por nutrientes.
En términos prácticos, las cuencas ya no responden como antes. Ríos y arroyos que históricamente mantenían caudales estables hoy presentan oscilaciones extremas: grandes bajantes, cortes temporales o, en el caso opuesto, crecidas repentinas tras lluvias concentradas.
El avance de los monocultivos y las presiones productivas
Forestación industrial: un conflicto abierto
Desde la implementación de la Ley Forestal en los años 90, la superficie de plantaciones de eucalipto y pino ha crecido hasta cubrir más del 7% del territorio nacional. Si bien se presenta como un motor exportador, este modelo convive con críticas sostenidas: consumo de agua, alteración del ciclo hidrológico, drenaje acelerado del suelo, menor escorrentía y reducción de caudales.
Investigaciones independientes señalan que los monocultivos forestales reducen el rendimiento hídrico de las cuencas, afectando la recarga de napas y dejando menos agua disponible para productores familiares, pequeñas comunidades rurales y ecosistemas.
Para las empresas del sector —entre ellas algunas de las más influyentes del país— la forestación es “neutral” en términos de consumo hídrico. Sin embargo, estudios técnicos y denuncias sociales señalan impactos acumulativos que van más allá de una plantación aislada: cuando una cuenca se convierte en un mosaico de monocultivos, el balance hídrico se inclina.
Embalses privados y la Ley de Riego
Uno de los puntos más controvertidos en la última década ha sido la expansión de embalses privados para riego. La Ley de Riego, aprobada en 2017, abrió la puerta para que grupos empresariales y fondos de inversión construyan grandes represas particulares, capaces de almacenar millones de metros cúbicos.
Esto, señalan los especialistas, está generando un fenómeno de “privatización de hecho”: el agua no se privatiza en términos jurídicos —la Constitución lo prohíbe— pero sí en términos prácticos. Quien tiene la tierra tiene el agua; quien construye el embalse controla el flujo; quien invierte en la infraestructura define el acceso.
Para los pequeños productores, esto se traduce en desigualdad. En algunas zonas arroceras de Treinta y Tres y Cerro Largo, así como en áreas agrícolas del litoral norte, se han registrado denuncias de desvíos ilegales o sobreexplotación de cauces menores. El impacto inmediato: cursos de agua reducidos o directamente secos durante la zafra, afectando a vecinos río abajo.
Cauces menores, medianos y mayores: un mapa de deterioro
Los cursos menores, los más vulnerables
Arroyos y cañadas —los menores del sistema hídrico— son los primeros en sentir los efectos de los desvíos y la extracción para riego. En departamentos como Artigas, Rivera y Tacuarembó, se han reportado cauces que desaparecen por semanas durante la temporada de alta demanda.
Estos cursos no solo abastecen a familias y ganado, sino que sostienen la biodiversidad local. Su alteración tiene impactos directos en la fauna, los humedales y la regeneración de los ecosistemas.
Cuencas medianas bajo presión
Las cuencas del Santa Lucía, del Tacuarembó y del Cebollatí experimentan una combinación de presiones: vertidos urbanos, actividades productivas intensivas y monocultivos. En el caso del Santa Lucía —responsable de abastecer a buena parte de la población del país— los informes de los últimos años demuestran niveles elevados de fósforo y nitrógeno, vinculados a fertilizantes y efluentes rurales, que favorecen la proliferación de cianobacterias.
Los grandes ríos, entre inundaciones y bajantes
El Río Uruguay y el Río Negro son ejemplos de cómo el cambio climático altera dinámicas históricas. El Río Negro, además, sufre el impacto de los embalses hidroeléctricos y la acumulación de nutrientes que alimentan la eutrofización en sus tres represas.
En el caso del Río Uruguay, períodos de bajante extrema han disparado alarmas en cooperación con Argentina, mientras que crecidas repentinas generan pérdidas en infraestructura, cultivos y zonas pobladas.
Contaminación y cianobacterias: un riesgo sanitario persistente
El crecimiento de las floraciones tóxicas
La presencia de cianobacterias se ha vuelto recurrente en las costas del Río de la Plata, el Santa Lucía, la Laguna del Sauce y numerosos embalses. La combinación de temperaturas más cálidas, aguas quietas y nutrientes en exceso es un caldo de cultivo perfecto.
Estas floraciones no solo afectan el agua potable: también tienen impacto económico en el turismo, la pesca y las actividades recreativas. Su presencia repetida evidencia un problema estructural: Uruguay está fertilizando sus cursos de agua más rápido de lo que puede descontaminarlos.
Riesgos para la salud
Las cianotoxinas producidas por algunas de estas especies pueden causar irritación, problemas hepáticos e incluso riesgos neurológicos. En los meses críticos del verano, autoridades sanitarias y municipales se ven obligadas a colocar advertencias preventivas en playas y embalses, afectando la dinámica turística.
La capacidad del Estado: entre la vigilancia y el rezago
Un marco legal avanzado, una aplicación limitada
Uruguay cuenta con un Código de Aguas moderno, un Plan Nacional de Aguas y una institucionalidad dedicada al manejo del recurso. Sin embargo, la capacidad real de fiscalizar, sancionar y regular actividades productivas no está a la altura del desafío.
DINAGUA, DINAMA (hoy Ministerio de Ambiente), OSE, intendencias y organismos científicos trabajan en monitoreo, pero las inspecciones en campo y la respuesta ante irregularidades suelen ser lentas o insuficientes.
Un poder asimétrico
La estructura productiva ejerce una influencia significativa. Grandes complejos forestales y agrícolas cuentan con asesorías técnicas robustas, capacidad de incidencia política y recursos para litigar. En contraste, pequeños productores rurales y comunidades cuentan con menos herramientas para denunciar desvíos o afectaciones.
Organizaciones ambientales y sociedad civil: denuncias y propuestas
En los últimos años, colectivos socioambientales, científicos independientes y organizaciones de derechos humanos han denunciado:
Desvíos ilegales de cauces en zonas arroceras y agrícolas.
Acaparamiento hídrico por parte de grupos empresariales.
Falta de transparencia en permisos de riego y embalses privados.
Impacto hídrico de los monocultivos forestales.
Contaminación crónica en el Santa Lucía, el Uruguay y el Negro.
Colapso de pequeñas cuencas en el norte y este del país.
Las propuestas van desde fortalecer el monitoreo ciudadano y crear instancias de diálogo vinculante hasta modificar la Ley de Riego y frenar la expansión de áreas forestadas sobre cuencas críticas.
Agua y política: Neptuno cancelado, Casupá impulsada y un debate partidario en ebullición
La dimensión técnica de la crisis hídrica en Uruguay se ha traducido, con rapidez, en una arena política central. La administración de Yamandú Orsi dio un giro significativo al suspender y luego dejar sin efecto el controvertido proyecto conocido como Neptuno (Arazatí) —una planta potabilizadora pensada para extraer agua del Río de la Plata y asegurar el suministro del área metropolitana—, decisión que abrió un intenso debate público y parlamentario sobre prioridades, costos y riesgos ambientales.
El propio Ejecutivo argumentó la necesidad de revisar y reorientar la estrategia, en parte por objeciones técnicas, en parte por consideraciones políticas sobre la viabilidad y la soberanía del recurso.
Como alternativa, el gobierno ha puesto en la agenda la construcción de una represa en el arroyo Casupá, y el ente estatal OSE ya ha iniciado procesos formales (llamados y etapas de precalificación) para avanzar con la obra.
La administración la presenta como una “solución robusta” para regular caudales, aumentar reservas y reducir la vulnerabilidad ante futuras sequías; sin embargo, la iniciativa ha generado tensiones: productores locales, vecinos e organizaciones ambientalistas expresan reservas por expropiaciones previstas, impactos territoriales y falta de suficiente diálogo participativo. Estas fricciones han convertido a Casupá en foco de resistencia social y debate técnico.
El tema del agua se instaló con fuerza en el Parlamento. La suspensión/cancelación de Neptuno motivó interpelaciones y comparecencias ministeriales —donde la oposición acusó al gobierno de tomar decisiones “políticas” y exigir explicaciones técnicas y de transparencia— mientras que sectores sindicales y parte de la coalición de gobierno celebraron la medida como un freno a un proyecto con riesgos económicos y ambientales. En la práctica, el agua dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en un marcador de posicionamiento partidario y territorial.
En el mapa partidario, las reacciones no fueron uniformes: el Frente Amplio y fuerzas afines han defendido la reorientación hacia obras públicas (Casupá, refuerzo de Aguas Corrientes) y el énfasis en gestión estatal del recurso; la oposición —en particular sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional— criticaron la decisión por falta de argumentos técnicos públicos y por lo que consideran una pérdida de tiempo que podría demorar soluciones estructurales para el área metropolitana. Este contraste ha convertido el agua en una variable de poder local, sobre todo en departamentos afectados por las obras o por el riesgo de expropiación.
El resultado político inmediato es doble. Por un lado, la agenda pública y mediática hoy discute públicamente alternativas, contratos y criterios técnicos; por otro, la disputa instala preguntas más profundas sobre la gobernanza del agua: ¿priorizar inversiones en grandes plantas con participación privada o fortalecer infraestructura pública y embalses propios? ¿Cómo compatibilizar seguridad hídrica con derechos de propietarios y comunidades?
Las respuestas que dé el gobierno de Orsi y las posiciones que adopten los partidos marcarán no solo los próximos contratos y obras, sino la percepción ciudadana sobre quién custodia el agua en Uruguay.
Uruguay ante un punto de inflexión
La crisis del agua en Uruguay no es un evento aislado ni una anomalía temporal. Es el síntoma de una transformación profunda: un país que solía sentirse invulnerable descubre que su recurso más preciado es finito, disputado y vulnerable.
El desafío no es técnico, sino político. Requiere un pacto nacional que priorice el agua para consumo humano, garantice la sostenibilidad ecológica, regule las presiones productivas y fortalezca el rol del Estado como custodio del bien común.
Uruguay está ante una decisión histórica: o asegura su soberanía hídrica para las próximas generaciones, o profundiza un modelo que concentra el control del agua y expone a las mayorías a riesgos crecientes.
El futuro del país, literalmente, fluye por sus cauces.
