El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, presentó un proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años privadas de libertad por hechos cometidos hace más de 30 años. La iniciativa se fundamenta en criterios humanitarios y retoma antecedentes legislativos de períodos anteriores.
El legislador nacionalista ingresó a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que establece la posibilidad de conceder prisión domiciliaria a personas de edad avanzada que cumplan dos requisitos básicos: tener más de 70 años y haber sido condenadas por hechos ocurridos hace más de tres décadas.
De acuerdo a lo consignado por Subrayado, en la exposición de motivos se señala que “tan solo se requiere petición de parte y cumplimiento de los dos requisitos referidos: edad y antigüedad del hecho”. Goñi sostiene que la aplicación del régimen propuesto tiene “un fundamento humanitario” y también “una razón de oportunidad”, enmarcada en los valores históricos del Derecho Penal uruguayo.
El diputado recordó que la iniciativa no surge de manera aislada, sino que cuenta con antecedentes claros. En ese sentido, mencionó el proyecto impulsado en 2021 por los entonces senadores de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, así como la propuesta que fue aprobada en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en 2023.
Goñi argumenta que el Derecho Penal nacional “limita la extensión y la aplicación de la pena considerando las reales posibilidades del condenado de soportarla en condiciones acordes a su dignidad inherente”. Asimismo, subraya que el instituto de la prisión domiciliaria fue incorporado históricamente a la legislación uruguaya con un claro propósito humanitario.
En la exposición de motivos, el nacionalista afirma que el establecimiento de este régimen consagra en la práctica “los más altos valores y tradiciones” del país. En ese marco, señala que Uruguay ha atravesado distintas etapas de desencuentros que, en su mayoría, fueron superadas mediante “soluciones legislativas altruistas”, donde se priorizó la vocación de futuro y el interés general por sobre intereses sectoriales.
Finalmente, según informó Subrayado, Goñi aclara que la norma propuesta no busca reabrir la polémica histórica vinculada al período de facto entre 1973 y 1985, sino que pretende inscribirse “en el mismo espíritu pacificador y conciliador” que inspiró soluciones legislativas adoptadas oportunamente. A su entender, la circunstancia histórica es favorable para continuar ese camino, en línea con los principios humanitarios que el proyecto de ley procura consolidar.
