La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, ha sido condenada a pena de muerte por un tribunal especial en Dhaka por crímenes de lesa humanidad durante la dura represión de protestas estudiantiles en 2024. El fallo, emitido en ausencia, ha provocado una ola de repercusiones políticas y diplomáticas a nivel nacional e internacional.
El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés (ICT-BD), compuesto por tres jueces, halló culpable a Hasina el 17 de noviembre de 2025 por tres cargos: incitación, orden de matar e inacción para prevenir atrocidades.
Según los jueces, Hasina autorizó el uso de drones, helicópteros y armas letales contra manifestantes, dando órdenes para reprimir con fuerza letal las protestas estudiantiles de julio-agosto de 2024.Las movilizaciones, que comenzaron como una rebelión estudiantil, se convirtieron rápidamente en un movimiento nacional contra su gobierno, y la represión derivó en cientos —y según la ONU, hasta 1.400— de muertes.
Además de la pena capital, el tribunal le impuso a Hasina una condena adicional de prisión hasta su muerte natural por algunos de los cargos menos graves. Para los demás acusados, el ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan fue también condenado a muerte, mientras que el exjefe de policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun recibió una pena reducida (5 años) tras colaborar con la acusación.
Hasina, actualmente exiliada en India desde su salida del poder en agosto de 2024, rechazó el veredicto. En un comunicado, lo tildó de “sesgado y políticamente motivado” y denunció que no se le dio “una oportunidad justa para defenderse”.
Reacciones y repercusiones:
El veredicto fue seguido por tensiones políticas y un aumento de la seguridad en Dhaka. El gobierno interino, dirigido por el premio Nobel Muhammad Yunus, celebró la sentencia como un paso histórico hacia la rendición de cuentas, pero pidió calma y prevención de disturbios.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el juicio. Amnistía Internacional criticó que el proceso “no es imparcial ni justo” y denunció que la pena de muerte en sí misma “constituye una violación de derechos humanos”.Human Rights Watch también señaló que el juicio en ausencia y la falta de representación adecuada para Hasina plantean “serias preocupaciones sobre los estándares internacionales de un juicio equitativo”.
La condena marca un hito dramático en la historia política de Bangladés: nunca antes un ex mandatario tan poderoso había recibido una pena capital por homicidio masivo bajo su mandato.
El veredicto contra Sheikh Hasina no solo reconfigura el paisaje político en Bangladés, sino que desencadena un debate profundo sobre justicia, derecho internacional y derechos humanos. Mientras sus allegados advierten sobre posibles protestas masivas y llaman a su liberación, las familias de las víctimas celebran lo que consideran una reparación histórica. En el frente diplomático, la condena podría tensar aún más las relaciones entre Bangladés e India, país donde Hasina reside bajo protección. El mundo observa con atención cómo se desarrollará ahora la apelación y si se llevará a cabo una ejecución, en medio de críticas crecientes y llamados al respeto de las garantías fundamentales.
