Representantes de AEMBU y del PIT-CNT denunciaron una serie de episodios de malos tratos y la falta de ámbitos formales de negociación colectiva en el Municipio de Bella Unión. Aseguran que la administración local respalda a mandos medios cuestionados y exige información sindical que la ley no obliga a entregar. En el marco de estas gestiones, se reunieron con el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla.
La Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión (AEMBU) volvió a plantear públicamente su preocupación por lo que consideran una situación “incambiada” dentro del municipio. Según explicó el presidente de la organización, Marcelo Dacol, en los últimos días se registraron nuevas denuncias de trabajadores: “El lunes recibimos la denuncia de cuatro compañeros de una sección y el miércoles otra de dos compañeras por malos tratos. Creemos que hay algo que no está bien en el municipio”, afirmó.
Dacol sostuvo que no encuentran respuestas satisfactorias por parte de la alcaldesa ni de su equipo. “Vemos que se respalda a mandos medios que ingresaron con ella y que para nosotros están abusando del poder que les da la alcaldesa”, expresó. Indicó además que, ante el pedido sindical de instalar la Comisión de Salud y Seguridad Laboral, la administración local respondió de manera “fuera de lugar”, solicitando actas electorales y datos internos del sindicato. “La normativa vigente ampara al sindicato para no entregar esa información, que es de los trabajadores y no de los patrones”, subrayó.
Ante esta situación, AEMBU recurrió a la Federación y al PIT-CNT. Desde la central sindical, José Olivera —secretario de organización— remarcó que la instalación de ámbitos de negociación colectiva “es una obligación del Estado empleador en todo el país”, sin margen para que gobiernos locales decidan si desean o no implementarlos. “Nos llamó poderosamente la atención que ante un reclamo legítimo, la Administración respondiera con un acto ilegítimo pidiendo documentación que no corresponde”, afirmó.
Olivera recordó que los ámbitos de salud, higiene y seguridad laboral derivan de un convenio internacional ratificado por Uruguay y reglamentado en 2007 y 2019. “Se lo dijimos claramente a la alcaldesa: no es que pueda optar por convocarlo o no, es su obligación. No hacerlo implica omisión”, señaló. Añadió que la organización sindical “no puede estar sujeta al poder disciplinario de la administración” y que el único requisito es comunicar los representantes que integrarán el espacio.
El dirigente informó que, tras reunirse con el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, se obtuvo el compromiso de instalar dos ámbitos de trabajo: uno central en la capital departamental y otro específico en Bella Unión. “Esperamos que la semana que viene estas resoluciones estén arriba de la mesa”, expresó. Para la central sindical, lo urgente es que la alcaldía donde se han denunciado accidentes laborales active efectivamente este espacio de prevención.
Los representantes sindicales advirtieron que, si las autoridades locales no avanzan en la instalación de los ámbitos de negociación y seguridad laboral, elevarán las actuaciones a nivel nacional, incluso ante la Inspección General del Trabajo. “No puede haber una parte del Estado empleador incumpliendo la normativa que garantiza condiciones de trabajo dignas”, concluyó Olivera.
