Un hombre de Ghana construyó lo que presenta como una réplica moderna del “arca de Noé” y advirtió sobre un supuesto diluvio mundial que ocurriría en 2026. La historia, envuelta en videos virales, debates, memes y escepticismo, explotó este lunes en redes sociales de todo el mundo.

La noticia surgió a partir de una serie de videos grabados en una zona rural de Ghana, donde se observa una enorme estructura de madera, de varios metros de largo y forma similar a una embarcación. Su creador —cuya identidad no fue divulgada por la prensa local— asegura que recibió “un mensaje divino” que le advirtió sobre un cataclismo global previsto para el año 2026. Según él, su construcción es la única vía de supervivencia ante una inminente inundación que “borrará ciudades enteras”.

El contenido rápidamente se volvió viral: en Facebook, TikTok e Instagram se compartieron miles de videos mostrando la estructura, acompañados tanto por expresiones de temor como por reacciones humorísticas. Mientras algunos usuarios difundieron teorías apocalípticas, otros ironizaron con el tamaño del barco, la supuesta profecía y la falta de evidencia científica.

Medios internacionales como Times of India recogieron la historia, lo que amplificó aún más el fenómeno. Especialistas en fenómenos virales señalan que este tipo de narrativas —que mezclan religión, misterio y catástrofes— suelen dispararse en épocas de alta actividad en redes, especialmente en la previa de fin de año.

Autoridades locales en Ghana no han emitido comentarios oficiales, pero periodistas de la zona informaron que no existe ningún reporte meteorológico o científico que respalde la predicción. Por su parte, organizaciones religiosas ghanesas llamaron a la cautela y pidieron no difundir miedo infundado.

Mientras la estructura continúa atrayendo curiosos y alimentando el debate global, la comunidad científica insiste en que no hay señales de un evento climático extremo de esa magnitud. El “arca moderna”, sin embargo, ya se ganó un lugar en el interminable catálogo de historias que las redes sociales convierten en tendencia: un fenómeno que mezcla credulidad, humor y la fascinación humana por las profecías de fin del mundo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la gravedad de los bombardeos rusos en Ucrania y advirtió que podrían constituir violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario. El organismo llamó a garantizar protección para la población civil y a permitir acceso pleno a las zonas afectadas.

En una intervención que generó fuerte repercusión internacional, Volker Türk sostuvo que los recientes ataques rusos contra ciudades ucranianas evidencian un “patrón alarmante de violencia indiscriminada”. Según el Alto Comisionado, los informes preliminares recibidos por Naciones Unidas muestran que varios de los bombardeos impactaron en áreas densamente pobladas, incluyendo viviendas, comercios y servicios esenciales.

Türk afirmó que la naturaleza de los ataques “podría configurar violaciones graves y sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario”, y recordó que las partes en conflicto tienen la obligación de distinguir entre objetivos militares y civiles. La ONU solicitó a Rusia que facilite el acceso de observadores independientes para evaluar el alcance real de los daños, algo que hasta el momento no ha sido autorizado de manera plena.

El gobierno ucraniano celebró la postura del Alto Comisionado y señaló que los señalamientos de Naciones Unidas refuerzan las denuncias que Kiev viene realizando desde el inicio de la invasión. En paralelo, pidió a la comunidad internacional que incremente la presión diplomática y avance en nuevas medidas para frenar la ofensiva rusa.

Desde Moscú, en cambio, las autoridades desestimaron las acusaciones y aseguraron que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra infraestructura militar. El Kremlin acusó a la ONU de “parcialidad” y reiteró que Ucrania utiliza zonas residenciales para ocultar posiciones estratégicas, algo que Kiev niega rotundamente.

Organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno alertaron que la destrucción de servicios básicos —agua, electricidad y sistemas sanitarios— agrava la situación de miles de familias, especialmente en regiones donde el invierno comienza a sentirse con fuerza. El temor ahora es que nuevos ataques profundicen la crisis y multipliquen el número de desplazados internos.

La denuncia del Alto Comisionado vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo del conflicto y el costo humano que sigue acumulándose día tras día. Mientras se reclama una investigación independiente y se aguarda por señales diplomáticas que puedan acercar un alto el fuego, millones de ucranianos continúan enfrentando las consecuencias más duras de una guerra que parece no encontrar un freno inmediato.

Al menos 60 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación tipo barco-barcaza en el río Congo. Las autoridades locales desplegaron operativos de búsqueda en una zona marcada por la precariedad en el transporte fluvial y la falta de controles de seguridad.

Un trágico naufragio ocurrido en las últimas horas en el río Congo dejó un saldo preliminar de más de 60 personas desaparecidas, según confirmaron autoridades provinciales. La embarcación, una barcaza utilizada para el traslado de pasajeros y cargas, se dirigía hacia una comunidad ribereña cuando, por causas que aún se investigan, perdió estabilidad y terminó hundiéndose en medio de la noche.

Los equipos de rescate, conformados por guardacostas locales y voluntarios de las aldeas cercanas, trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes. Las labores se ven dificultadas por la fuerte corriente del río y la ausencia de equipamiento adecuado, una problemática frecuente en la región. Hasta el momento solo se logró rescatar a un número reducido de pasajeros, mientras continúan emergiendo relatos que dan cuenta de que el barco iba sobrecargado.

El desastre avivó el debate en la República Democrática del Congo sobre la seguridad en el transporte fluvial, un medio esencial para comunidades aisladas, pero que opera en condiciones muy precarias. Organizaciones civiles remarcan que episodios similares se repiten cada año debido a la falta de fiscalización, el mal estado de las embarcaciones y la escasez de chalecos salvavidas para los pasajeros.

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar responsabilidades y evaluar eventuales fallas en los permisos de navegación. Mientras tanto, familiares de los desaparecidos esperan noticias en los puertos y aldeas cercanas, con creciente angustia ante el paso de las horas.

El gobierno congolés declaró que reforzará los controles en las rutas fluviales y enviará asistencia a las familias afectadas. Sin embargo, en la zona persiste la sensación de que las medidas llegan tarde para quienes aún no aparecen. El naufragio vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de mejorar la seguridad en un transporte vital para millones de personas, pero que sigue expuesto a riesgos evitables.

La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, ha sido condenada a pena de muerte por un tribunal especial en Dhaka por crímenes de lesa humanidad durante la dura represión de protestas estudiantiles en 2024. El fallo, emitido en ausencia, ha provocado una ola de repercusiones políticas y diplomáticas a nivel nacional e internacional.

El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés (ICT-BD), compuesto por tres jueces, halló culpable a Hasina el 17 de noviembre de 2025 por tres cargos: incitación, orden de matar e inacción para prevenir atrocidades.

Según los jueces, Hasina autorizó el uso de drones, helicópteros y armas letales contra manifestantes, dando órdenes para reprimir con fuerza letal las protestas estudiantiles de julio-agosto de 2024.Las movilizaciones, que comenzaron como una rebelión estudiantil, se convirtieron rápidamente en un movimiento nacional contra su gobierno, y la represión derivó en cientos —y según la ONU, hasta 1.400— de muertes.

Además de la pena capital, el tribunal le impuso a Hasina una condena adicional de prisión hasta su muerte natural por algunos de los cargos menos graves. Para los demás acusados, el ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan fue también condenado a muerte, mientras que el exjefe de policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun recibió una pena reducida (5 años) tras colaborar con la acusación.

Hasina, actualmente exiliada en India desde su salida del poder en agosto de 2024, rechazó el veredicto. En un comunicado, lo tildó de “sesgado y políticamente motivado” y denunció que no se le dio “una oportunidad justa para defenderse”.

Reacciones y repercusiones:
El veredicto fue seguido por tensiones políticas y un aumento de la seguridad en Dhaka. El gobierno interino, dirigido por el premio Nobel Muhammad Yunus, celebró la sentencia como un paso histórico hacia la rendición de cuentas, pero pidió calma y prevención de disturbios.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el juicio. Amnistía Internacional criticó que el proceso “no es imparcial ni justo” y denunció que la pena de muerte en sí misma “constituye una violación de derechos humanos”.Human Rights Watch también señaló que el juicio en ausencia y la falta de representación adecuada para Hasina plantean “serias preocupaciones sobre los estándares internacionales de un juicio equitativo”.

La condena marca un hito dramático en la historia política de Bangladés: nunca antes un ex mandatario tan poderoso había recibido una pena capital por homicidio masivo bajo su mandato.

El veredicto contra Sheikh Hasina no solo reconfigura el paisaje político en Bangladés, sino que desencadena un debate profundo sobre justicia, derecho internacional y derechos humanos. Mientras sus allegados advierten sobre posibles protestas masivas y llaman a su liberación, las familias de las víctimas celebran lo que consideran una reparación histórica. En el frente diplomático, la condena podría tensar aún más las relaciones entre Bangladés e India, país donde Hasina reside bajo protección. El mundo observa con atención cómo se desarrollará ahora la apelación y si se llevará a cabo una ejecución, en medio de críticas crecientes y llamados al respeto de las garantías fundamentales.

Una potente explosión sacudió este lunes un complejo industrial al sur de Buenos Aires, provocando más de una veintena de heridos y generando preocupación por posibles impactos ambientales en la zona.

Una fuerte detonación alarmó a los vecinos de la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense, cuando un sector de un polo industrial estalló pasadas las 9 de la mañana. Según las primeras informaciones oficiales, más de 20 personas resultaron heridas, varias de ellas con quemaduras y traumatismos de consideración. Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos permanecen internados en estado reservado.

Bomberos y equipos de rescate trabajaron durante horas para controlar el incendio que se desató tras la explosión, mientras se investigan las causas del siniestro. Testigos indicaron que el estruendo se sintió a varias cuadras a la redonda y que una columna de humo denso cubrió el área durante buena parte de la mañana.

Las autoridades municipales activaron un protocolo de emergencia y evacuaron parcialmente a trabajadores y residentes cercanos ante la preocupación por la posible liberación de sustancias tóxicas. Especialistas en medio ambiente analizan la presencia de químicos en el aire y en el agua de desagüe del complejo, aunque hasta el momento no se confirmaron riesgos mayores para la población.

El gobierno provincial anunció la apertura de una investigación para determinar si la empresa cumplía con las normas de seguridad industrial. Vecinos de la zona se quejaron por la falta de controles y advirtieron que incidentes menores ya se habían registrado en el pasado sin mayores consecuencias.

A medida que avanza el relevamiento de daños, las autoridades no descartan que el número de heridos pueda aumentar. La explosión reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en polos industriales altamente concentrados y su impacto en zonas urbanas densamente pobladas.

La contienda presidencial quedó polarizada tras los resultados del domingo, que enviaron a segunda vuelta a la candidata de izquierda Jeannette Jara y al aspirante de derecha José Antonio Kast.

Chile se encamina a una elección decisiva luego de que Jeannette Jara, representante del sector progresista, y José Antonio Kast, referente de la derecha conservadora, obtuvieran los dos primeros lugares en la primera vuelta presidencial celebrada este domingo. Ninguno logró superar el 50% necesario para ganar en forma directa, por lo que el balotaje fijado para el 14 de diciembre será el que defina quién conducirá el país durante los próximos cuatro años.

Jara, exministra del Trabajo y figura cercana a los movimientos sociales, celebró el respaldo ciudadano y llamó a “profundizar un proyecto de justicia social y estabilidad económica”. Kast, por su parte, sostuvo que Chile necesita “orden, seguridad y crecimiento”, e instó a unir al electorado de derecha de cara a la segunda instancia.

La jornada electoral transcurrió con normalidad y tuvo una participación considerada alta por las autoridades chilenas. Analistas coinciden en que el balotaje reflejará dos visiones de país claramente enfrentadas: una que busca fortalecer el rol del Estado en áreas como educación, salud y protección social, y otra que propone un modelo más liberal, centrado en la inversión privada y la seguridad ciudadana.

En paralelo, los partidos que quedaron fuera de competencia ya comenzaron a evaluar eventuales apoyos, que podrían inclinar una elección que se anticipa reñida. Tanto Jara como Kast iniciarán esta semana una intensa agenda de campaña orientada a captar a los votantes indecisos.

A menos de un mes del balotaje, Chile vuelve a colocarse en el centro del debate regional, con una definición electoral que promete impacto tanto en la política interna como en el tablero sudamericano.

Decenas de miles de manifestantes se movilizaron en Belém para exigir compromisos más firmes en la reducción de combustibles fósiles, en una de las protestas climáticas más grandes registradas en una cumbre ambiental.

La ciudad de Belém, sede de la COP30, se convirtió este lunes en el epicentro de una multitudinaria manifestación que reunió a decenas de miles de personas, entre organizaciones ambientales, comunidades indígenas, estudiantes y colectivos sociales. La consigna común fue clara: exigir a los gobiernos presentes un compromiso real y urgente para acelerar la transición energética y abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

Los manifestantes recorrieron las principales avenidas de la capital paraense bajo un fuerte operativo de seguridad. Portaban carteles reclamando justicia climática, financiamiento para los países más vulnerables y la protección de territorios devastados por incendios, minería ilegal y deforestación descontrolada. La marcha, una de las más numerosas en la historia reciente de las COP, se desarrolló en forma pacífica y concluyó frente al centro de convenciones donde se reúnen las delegaciones internacionales.

Dentro del plenario, las demandas resonaron con fuerza. Varios países del Sur Global aprovecharon la instancia para denunciar la insuficiencia de los compromisos actuales y reclamar mayores aportes de las naciones industrializadas, que continúan siendo las principales emisoras históricas. Sin embargo, persisten diferencias profundas sobre plazos y mecanismos para reducir el uso de petróleo, gas y carbón.

Las organizaciones civiles coincidieron en que la presión social será determinante para que la COP30 no repita promesas incumplidas del pasado. Mientras tanto, en las calles de Belém, el mensaje quedó instalado: el tiempo para actuar se agota y la transición energética ya no admite postergaciones.

El gobierno de Estados Unidos endureció su postura hacia Caracas con nuevas designaciones y movimientos militares, mientras Donald Trump aseguró estar dispuesto a abrir una vía de diálogo con Nicolás Maduro.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela volvió a tensarse este lunes tras una serie de decisiones que elevaron la presión diplomática y militar en la región. Por un lado, el gobierno estadounidense anunció la designación del llamado “Cartel de los Soles”, supuestamente vinculado a altos mandos venezolanos y al propio presidente Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera. La medida habilita sanciones más severas y el uso de herramientas especiales de persecución financiera.

En paralelo, diversos analistas detectaron un despliegue inusual de unidades de la Armada estadounidense en el Caribe, lo que fue interpretado como una señal de advertencia hacia el gobierno venezolano. Washington no confirmó oficialmente operaciones específicas, pero fuentes militares señalaron que se trata de “acciones de presencia estratégica”.

A pesar del endurecimiento, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó estar “abierto a dialogar” con Maduro si Caracas muestra “voluntad real de cooperar”. Las declaraciones sorprendieron a parte del establishment político, que ve difícil compatibilizar una apertura diplomática con el aumento de presión militar y sanciones.

Desde Caracas, el gobierno venezolano calificó las acusaciones como “fabricaciones políticas” y sostuvo que cualquier despliegue militar en el Caribe constituye una “provocación directa”. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela la escalada, en un contexto regional ya marcado por inestabilidad y movimientos geopolíticos impredecibles.

El escenario sigue abierto y sin señales claras de distensión, con la posibilidad de que los próximos días definan si la tensión deriva en negociación o en una confrontación aún mayor.

Tras varias semanas de ola de calor en numerosos puntos del planeta, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas y el observatorio europeo Copernicus aseguraron tener suficientes datos para anunciar que julio será «muy seguramente el mes más cálido jamás registrado».

De confirmarse, el récord de este mes batirá el anterior, establecido en julio de 2019. Este calor probablemente «no tiene precedentes» en miles de años, indicaron ambas instituciones.

«Los extremos meteorológicos sufridos por millones de personas en julio no son más que la dura realidad del cambio climático y un adelanto de lo que nos reserva el futuro», afirmó este jueves el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

Los efectos del calentamiento debido a la actividad humana fueron concretos en estas últimas semanas: incendios en Grecia y Canadá, temperaturas extremas en el sur de Europa, África del Norte, Estados Unidos y parte de China, que acaba de sufrir también los estragos del tifón Doksuri.

Y aunque otras regiones están teniendo un verano muy suave e incluso fresco, como es el caso estos días en el norte de Europa, los científicos son formales: «es extremadamente probable» que este sea «el mes de julio más cálido jamás registrado», e incluso «el mes más cálido de todos», anunciaron la OMM y Copernicus.

CALOR SIN PRECEDENTES

Las tres primeras semanas de julio son ya las tres más calientes nunca medidas. Y la anomalía de temperatura constatada por Copernicus, cuyos datos completos se remontan a 1940, es tal que no es necesario esperar al final del mes para confirmar el récord.

Más allá de las mediciones modernas, los datos paleoclimatológicos, a partir de los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles y los núcleos de hielo, permiten apuntar que las temperaturas actuales «no tienen precedentes en nuestra historia, teniendo en cuenta los últimos millares de años», declaró Carlo Buontempo, director del servicio de climático de Copernicus. E incluso «en un período mucho más largo, probablemente del orden de 100.000 años», añadió en conferencia de prensa.

Las observaciones son conformes a las previsiones reiteradas de los especialistas. El martes, la red científica World Weather Attribution (WWA) concluyó que las recientes olas de calor en Europa y Estados Unidos habrían sido «casi imposibles» sin el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.

«No creo que nadie pueda seguir negando el impacto del cambio climático», causante de un alza de temperaturas que es una «amenaza existencial», comentó este jueves el presidente estadounidense Joe Biden, en una videoconferencia en la Casa Blanca con los alcaldes de Phoenix (Arizona) y San Antonio (Texas), dos localidades especialmente azotadas por el calor.

«LLEGÓ LA ERA DE LA EBULLICIÓN»

«La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global», advirtió a propósito el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. «El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y esto es sólo el principio», enfatizó.

En una entrevista con AFP en Nairobi, Jim Skea, elegido el miércoles nuevo presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, afirmó en cambio que es fundamental ofrecer a la humanidad herramientas «positivas» para afrontar el cambio climático, y no sólo «mensajes catastrofistas que pueden crear un sentimiento de terror existencial».

«Tenemos que insistir en que los seres humanos pueden elegir y en que pueden decidir su propio futuro», afirmó el británico Skea.

EL “ACUERDO” DE PARÍS

La temperatura del planeta ha aumentado ya en 1,2 ºC respecto a la era preindustrial, y algunos intentan diseñar medidas de emergencia para que este incremento no sea de más de 1,5 ºC, el límite para el año 2100 que estipula el Acuerdo de París de 2015.

Entre otras medidas, «deberíamos reducir la producción de combustibles fósiles cada año en alrededor de un 6%, para alcanzar una reducción global de nuestro uso del 40% de aquí a 2030», declaró Catherine Abreu de la oenegé Destination Zero.

Este jueves sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que el consumo mundial de carbón alcanzó un «máximo histórico» en 2022 y podría de nuevo rondar un nivel récord este año. El carbón es una de las principales fuentes fósiles de energía emisoras de gases de efecto invernadero, junto con el gas y el petróleo.

FUENTE: AFP