La Asamblea General aprobó este miércoles el proyecto de resolución del oficialismo sobre la investigación parlamentaria del caso Cardama, que dispone remitir el informe en mayoría de la Comisión Especial a la Fiscalía General de la Nación, tras el retiro de Cabildo Abierto.
La Asamblea General aprobó este miércoles el proyecto de resolución del oficialismo sobre la investigación parlamentaria del caso Cardama. El texto obtuvo mayoría en sala luego de que los legisladores de Cabildo Abierto se retiraran. Era uno de los cuatro proyectos en tratamiento y se aprobaba por mayoría simple de los presentes.
El proyecto aprobado señala que se remita la documentación recabada en la Comisión Especial a la Fiscalía Letrada Penal de Delitos Económicos y Complejos. También dispone remitir a la Fiscalía General de la Nación el informe en mayoría de la Comisión Especial, creada por resolución del 23 de febrero de 2026, que investigó el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos. Se solicita que se investigue y se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder.
Según el texto, los cabildantes argumentaron que el informe elaborado por su partido no contemplaba la información confidencial que el Ministerio de Defensa trasladó al Parlamento, porque entendían que no había garantías de que no se filtrara. En esa línea, resolvieron no incidir en la votación de los demás informes: el del Frente Amplio, el de los partidos de la coalición y el de Identidad Soberana.
La coalición cuestionó la salida de Cabildo Abierto. El diputado del Partido Colorado Adrián Juri pidió un cuarto intermedio para ir a buscar a los diputados cabildantes. Dijo: “Vengan a votar, así dan la cara, como todos los que estamos acá”. La Asamblea rechazó su pedido.
El senador oficialista Nicolás Viera afirmó que el empresario Cardama “ha sido el único que no ha contribuido en lo más mínimo” a la comisión investigadora. Sobre el gobierno anterior, dijo que el Parlamento debe rendir cuentas a quienes, ejerciendo el Poder Ejecutivo, comprometieron el patrimonio de los uruguayos.
Casi al final de la sesión, el senador Javier García, quien fue ministro de Defensa en el gobierno anterior, sostuvo que la rescisión del contrato es una “farsa” con intencionalidad política y electoral, para dañar al gobierno de la Coalición Republicana.
