Técnicos y asesores de la Intendencia de Artigas modificaron el Plan de Ordenamiento Territorial sin el aval de la Junta Departamental incurriendo en un acto inconstitucional. La situación fue explicada por el presidente del legislativo.
El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Artigas fue aprobado por la Junta Departamental el 18 de diciembre de 2014. El documento debió ser promulgado por resolución por la comuna, pero esto no sucedió, por lo cual fue promulgado fictamente como lo prevé la Constitución.
Tiempo después, la comuna conformó una comisión interna para analizar el plan, al que finalmente modificó la redacción del texto sin justificación jurídica alguna. Este hecho generó un acto inconstitucional.
El presidente de la Junta Departamental, escribano Alejandro Silvera dijo que es un hecho grave. Silvera acotó que «es la primera vez en 30 años, desde la restauración de la democracia» que sucede un hecho con estas características.
El asesor jurídico de la Junta Departamental aconsejó a los ediles departamentales, en un informe, a denunciar la situación ante la Suprema Corte de Justicia, realizar un juicio político contra la intendenta o pedir que se derogue el plan modificado y se publique el texto aprobado por la Junta.
Esta última sugerencia fue la adoptada por la Junta Departamental. Seguramente la promulgación del texto anterior será realizada por el intendente entrante Pablo Caram, en los próximos días.
El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Artigas fue aprobado por la Junta Departamental el 18 de diciembre de 2014. El documento debió ser promulgado por resolución por la comuna, pero esto no sucedió, por lo cual fue promulgado fictamente como lo prevé la Constitución.
Tiempo después, la comuna conformó una comisión interna para analizar el plan, al que finalmente modificó la redacción del texto sin justificación jurídica alguna. Este hecho generó un acto inconstitucional.
El presidente de la Junta Departamental, escribano Alejandro Silvera dijo que es un hecho grave. Silvera acotó que «es la primera vez en 30 años, desde la restauración de la democracia» que sucede un hecho con estas características.
El asesor jurídico de la Junta Departamental aconsejó a los ediles departamentales, en un informe, a denunciar la situación ante la Suprema Corte de Justicia, realizar un juicio político contra la intendenta o pedir que se derogue el plan modificado y se publique el texto aprobado por la Junta.
Esta última sugerencia fue la adoptada por la Junta Departamental. Seguramente la promulgación del texto anterior será realizada por el intendente entrante Pablo Caram, en los próximos días.