La Justicia dio la razón en forma parcial al pedido de amparo de vecinos de barrio Industrial y ordenó a organismos gubernamentales a monitorear el impacto ambiental e informar en 30 días, sin perjuicio de que los molinos arroceros continúen funcionando.
Como estaba previsto para este lunes, la jueza de segundo turno, doctora Alejandra Sánchez, rechazó «la falta de legitimación activa» presentada por los abogados de los molinos «acogiendo parcialmente la demanda» de los vecinos.
La magistrada ordenó que en 30 días el Ministerio de Salud Pública presente un informe sobre consultas médicas de niños, niñas y adultos de barrio Industrial por «afectación a las vías respiratorias, oftalmológicas, dérmicas y por reagudización de enfermedades respiratorias crónicas». En caso de incumplimiento en la entrega del informe el Ministerio deberá pagar una multa de 20 unidades reajustables por día de atraso.A su vez, el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Artigas deberán realizar un estudio detallado del impacto ambiental de los tres molinos arroceros de barrio Industrial.
Según la jueza, «los molinos deberán adoptar todas las medidas técnicamente idóneas y necesarias para para evitar cualquier tipo de contaminación al medio ambiente, evitando el escape de material particulado de sus plantas».
